Las decisiones recientes en áreas hidrocarburíferas del petroleo convencional de Catriel encendieron una fuerte señal de alerta en el municipio y en el arco político provincial, con eje en el impacto que podrían tener sobre el empleo local, las pymes y la economía de la ciudad. La intendenta Daniela Salzotto cuestionó públicamente la revocación de un contrato entre Petróleos Sudamericanos S.A. y una empresa local, y advirtió que detrás del recambio de prestadores se esconden prácticas que derivan en despidos “implícitos o silenciosos”.

La mandataria local expresó que “más allá de las prórrogas otorgadas hace aproximadamente un año, donde se ratificó a las operadoras que trabajan en los ejidos de Catriel, lo que hoy exigimos es que se cumplan los compromisos asumidos: los planes de inversión prometidos, el compre local y, fundamentalmente, la mano de obra local”, y agregó que «el municipio tomó conocimiento de que una pyme de Catriel fue dada de baja a fines de enero, lo que abrió un proceso de reemplazo por otra empresa sin garantías claras de continuidad laboral.

La jefa comunal fue más allá y apuntó a una tendencia que, según describió, se repite en el sector. “Cuando las operadoras cambian de prestadores con el argumento de reducir costos, lo que termina ocurriendo es que se prestan servicios con menos personal. Eso genera despidos que no siempre son directos, pero sí reales”, advirtió.

En ese contexto, Salzotto también cuestionó las limitaciones impuestas al control municipal en áreas concesionadas. Relató que semanas atrás, al intentar realizar una inspección desde áreas como Comercio y Tránsito, el municipio fue notificado de que no se permitiría el ingreso del personal local. “Siempre hubo diálogo y respeto institucional con la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación, pero en este caso particular la empresa sostuvo que solo respondía a otra autoridad y desconoció las atribuciones municipales”, señaló.

La intendenta enmarcó el conflicto en una discusión más amplia sobre el lugar que ocupa Catriel en la matriz energética provincial. “El tema de la coparticipación es un tema bastante amplio, habrá que ver qué proyecto presenta el ejecutivo provincial en la Legislatura y sentarnos a debatir. Lo que yo quiero remarcar es que Catriel es la capital del convencional de los pozos. Son 66 años de explotación hidrocarburífera, con una comunidad formada y especializada en esta actividad, que ha aportado de manera sostenida a toda la provincia” remarcó, y agregó que cualquier decisión que afecte el trabajo local debe analizarse también a la luz de los pasivos ambientales históricos que aún requieren remediación.

Este escenario motivó un pedido de informes previo presentado en el Parlamento de Río Negro por el bloque Vamos con Todos, que solicitó al Poder Ejecutivo provincial información detallada sobre la decisión de Petróleos Sudamericanos S.A. de revocar el contrato que mantenía con la firma local Brava, de Catriel, y sobre las consecuencias laborales, económicas e institucionales del cambio.

La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque, José Luis Berros, y la legisladora Magdalena Odarda, con el acompañamiento de Ayelén Spósito, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao, junto a legisladores del PJ–Nuevo Encuentro. El requerimiento apunta a conocer los motivos de la revocación, la intervención previa del Estado, las notificaciones realizadas y la documentación respaldatoria.

Uno de los ejes centrales del pedido es la situación de las y los trabajadores: cuántos puestos están en riesgo, cómo se produjeron las desvinculaciones, si se respetó la legislación laboral vigente y si existe una eventual absorción de personal por parte de la empresa Servicios Workmen S.A. También se consulta sobre acuerdos con organizaciones sindicales y sobre el vínculo contractual entre las empresas involucradas.

En paralelo, las y los legisladores solicitaron la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento de las Prórrogas de Contratos Petroleros, para analizar la denuncia pública de la intendenta y evaluar si se están cumpliendo las condiciones bajo las cuales fueron prorrogadas las concesiones.

Desde Vamos con Todos sostienen que el caso de Catriel expone una tensión de fondo entre las decisiones empresarias, el rol del Estado provincial y la autonomía de los municipios en territorios donde la actividad hidrocarburífera define el empleo, la recaudación y el desarrollo local. En ese marco, el debate ya no se limita a un contrato puntual, sino que pone en discusión el modelo de control, los compromisos asumidos por las operadoras y el lugar que ocupan las comunidades que sostienen históricamente la actividad petrolera en Río Negro.