El Gobierno introdujo un proyecto en la Legislatura para actualizar las facultades del Departamento Provincial de Aguas (DPA) para para incluir el estudio, planificación, desarrollo, ejecución y explotación de «otras» energías renovables además de la hidroeléctrica, como la solar fotovoltaica y la eólica. Esa inexactitud, y la delegación de funciones de la Secretaría de Energía, generaron preocupación en el arco opositor.

Ayer se planteó este debate en la plenaria de comisiones, previo a la sesión del jueves.

La propuesta fue presentada por los técnicos del DPA, Fernando Bodoia y Miguel Volonté. Ambos destacaron que la iniciativa es fruto de un “trabajo diario técnico” y que su objetivo central es “incorporar el resto de las renovables” a las del organismo, que ya opera centrales hidroeléctricas.

La necesidad de esta modificación se fundamenta en los cambios hidrológicos y períodos de sequía que han generado “capacidad ociosa en las centrales” hidroeléctricas existentes por la falta del “insumo esencial que era el agua”, indicaro.

La iniciativa busca “usar la infraestructura existente”, como transformadores, líneas de transmisión y personal capacitado, para integrar otras fuentes de energía renovable, como la solar o eólica. Un ejemplo citado fue la Central Hidroeléctrica Salto Andersen, donde un parque fotovoltaico adyacente permitiría optimizar inversiones y reducir costos fijos al compartir la infraestructura.

Desde el DPA, se enfatizó que la expansión de estas facultades permitiría a la provincia acceder a “otras tarifas para los generadores” y la posibilidad de asegurar “contratos de venta de energía a futuro” con grandes usuarios.

Esta herramienta facilitaría la obtención de financiamiento para nuevos parques sin la necesidad de “poner ninguna garantía de provincia”. Asimismo, se argumentó que al integrar múltiples fuentes, se podría “compensar ese déficit, esa falta” de energía cuando las condiciones naturales no son óptimas, optimizando la gestión comercial.

Reacción opositora

Varios legisladores plantearon inquietudes. Daniel Belloso (PJ-NE) expresó dudas sobre la técnica legislativa, señalando la supresión de frases en los artículos 1° y 2° de la ley 3930 que requerían “autorización expresa por ley” para ciertas concesiones, lo que podría implicar una pérdida de potestad de la Legislatura.

La legisladora Odarda (VcT) cuestionó si la potestad de generar energías renovables sería para beneficio estatal o privado, “la falta de claridad sobre emprendimientos existentes no hidroeléctricos”, y si esto implicaba un cambio en la autoridad de aplicación que desplazara a la Secretaría de Energía o eliminara la intervención legislativa. También señaló la “ausencia de audiencias públicas previas en casos de concesiones hidroeléctricas”.

Las legisladoras María Laura Frey (PRO) y Ayelén Expósito (VcT) compartieron la preocupación sobre la superposición de funciones con la Secretaría de Energía y su ley de Ministerios, preguntando si el DPA era competente para asumir la gestión de proyectos como la energía solar fotovoltaica y si existían montos estimados de las “potenciales inversiones”.

Respuesta

En respuesta a las dudas, los funcionarios del DPA aclararon que la generación sería para beneficio de la provincia y que la ley no desplaza a la Secretaría de Energía, sino que habilita al DPA a ser un generador más, aprovechando su infraestructura existente y su capacidad técnica.

Respecto a la pérdida de potestades legislativas, Miguel Bolonté explicó que las frases suprimidas eran redundantes porque la Ley 2952 (Código de Aguas) ya establece la necesidad de concesión por ley para aprovechamientos hidráulicos de utilidad pública, por lo que no hay cercenamiento de las facultades de la Legislatura.

Dictamen

La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría. Los legisladores Daniel Belloso (PJ-NE), Magdalena Odarda (VcT), Claudia Doctorovich (PUR) y Yolanda Mansilla (PRN) solicitaron las 48 horas previstas para decidir su posición.