El referéndum impulsado por el Ejecutivo municipal de Bariloche para someter a votación ciudadana diez asuntos de gestión continúa generando instancias de tensión política. La Unión Cívica Radical (UCR) presentó una objeción formal ante la Junta Electoral Municipal, al considerar que la convocatoria presenta “vicios de origen” que, a su criterio, la tornan nula.

Marcelo Cascón, exintendente y referente radical, sostuvo que la principal preocupación radica en la base jurídica del proceso. “La Junta Electoral no puede limitarse a recibir órdenes. Es un órgano constituido por la Carta Orgánica con un mandato específico, no tres empleados que obedecen instrucciones”, advirtió en diálogo con Radio Con Vos Patagonia.

La nota presentada por el radicalismo interpela a la Junta Electoral sobre qué normativa avala la resolución que dio luz verde al llamado original. Según Cascón, la función de este cuerpo excede la mera verificación de firmas: debe certificar la autenticidad del procedimiento y revisar integralmente su contexto.

Entre las objeciones, la UCR señala que la Carta Orgánica establece que un referéndum debe convocarse para un único tema y no para un paquete de diez, como en este caso. Para Cascón, solo uno de los puntos -la cesión de tierras con costa de lago- podría justificar una consulta popular, aunque asegura que también podría resolverse por otras vías institucionales. El resto de los temas, afirma, responden a falta de consensos o a obras que el Ejecutivo podría ejecutar sin necesidad de plebiscito.

El exintendente remarcó que el artículo 30 de la Carta Orgánica define al “gobierno municipal” como la suma de los tres poderes -Ejecutivo, Deliberante y Contralor-, lo que, según su interpretación, impide que una convocatoria unilateral del Ejecutivo cumpla con la legalidad requerida.

La UCR espera ahora una respuesta de la Junta Electoral, que podría derivar en la nulidad total del proceso.

El antecedente de un referéndum consensuado

Cascón recordó que el primer referéndum de la ciudad, realizado durante su gestión, surgió de un acuerdo entre los poderes del Estado. En aquel caso, la iniciativa partió del Concejo Municipal, fue consensuada con el Ejecutivo y respaldada por una ordenanza. La propuesta ya había transitado por todos los estamentos municipales y estaba centrada en un único tema, ampliamente difundido.

Además, contó con presupuesto aprobado por el Tribunal de Cuentas, lo que, según Cascón, marca una diferencia “diametral” con la situación actual. “Aquel proceso tuvo respaldo institucional y legal desde su origen. Lo de hoy es muy distinto”, concluyó.