El debate por la coparticipación sumó un nuevo capítulo ayer. Hubo dos reuniones «preparatorias» que buscan alcanzar acuerdos para generar un texto que pueda elevarse a la Legislatura, y modificar el esquema de reparto actual. Funcionarios provinciales fueron a Regina, donde se reunieron con los intendentes del Alto Valle. En la otra reunión, en Valle Medio, los mandatarios locales congregados en Luis Beltrán, acordaron solicitar información al Ministerio de Hacienda antes de avanzar en definiciones.

En ambos encuentros, la palabra más repetida fue «compensación». Los jefes comunales quieren garantías para que «nadie pierda» y dicen que, de ser necesario, los ingresos que tendrá la provincia por los proyectos energéticos VMOS y SESA deberán inyectarse a las Municipalidades que se vean perjudicadas. Y que ello, esté en el texto de la ley.

Los intendentes quieren establecer, a partir de los datos de Hacienda, una estrategia para «negociar» con la Provincia. En todas las regiones se están llevando a cabo reuniones locales, tras el encuentro grande en Viedma la semana pasada. «Nos preocupa el apuro que tiene el Gobierno», indicó un jefe comunal ante la fecha límite que estableció el gobernador Alberto Weretilneck -fines de marzo- para generar acuerdos. «Es un tema complejo y muy importante, que lleva tanto tiempo con tironeos y ahora quieren arreglarlo en un mes», se quejó.

Hoy habrá una reunión en Viedma con municipios de la Zona Atlántica. El martes 10 de marzo se realizará un encuentro en San Carlos de Bariloche con los de la Región Cordillerana y el miércoles 11, en Los Menucos, con las comunas de la Región Sur.

Los intendentes del oficialismo están preocupados. Por un lado no pueden alzar la voz (lo hicieron Viedma y Choele Choel y hubo reprimenda del Gobierno), y por el otro, la administración provincial «no es clara» -aseguran- sobre cómo serán las compensaciones. En consecuencia, temen «discrecionalidad» en ese punto y que haya «perjudicados políticos».

Por eso, tanto los oficialistas como los aliados y los opositores (que se verán perjudicados con el nuevo esquema) pretenden sumar más vectores de análisis que los de densidad poblacional, para equilibrar los ingresos.