Integrantes del bloque de Fuerza Patria alientan la expulsión de la diputada rionegrina Lorena Villaverde (LLA) del Congreso por «indignidad». Según justificaron, esa figura está explicitada en el artículo 66 de la Constitución Nacional. Uno de los impulsores de la medida es Marcelo Mango.

El pedido está plasmado en un proyecto de ley que, en su texto, justifica: «La situación de la diputada Lorena Villaverde vislumbra una crisis de representación tras la exhibición pública de documentos del Estado de Florida, EEUU, que salieron a la luz hace poco más de un año. Las actas oficiales detallan un arresto en julio de 2002 bajo cargos de tráfico de cocaína (expediente 5858-2002 CF), involucrando cantidades que, según el registro de la detención, oscilaban en un rango de extrema gravedad penal. Como resultado de los hechos mencionados, y debido a sus antecedentes penales, la legisladora tiene prohibida la entrada a los Estados Unidos Esto genera un perjuicio directo a su labor institucional: como presidenta de la Comisión de Energía, se encuentra imposibilitada de representar a la Argentina en foros internacionales claves, como los que se desarrollan en la ciudad de Houston, EEUU. Cabe resaltar que, además del pedido de expulsión solicitado por el diputado (mandato cumplido) Facundo Manes, otros legisladores presentaron proyectos para retirarle el cargo de presidenta de la comisión de energía, argumentando que su permanencia genera un claro perjuicio institucional».

La iniciativa está firmada por Cecilia Moreau; Marcela Pagano; Hilda Aguirre; Alejandrina Borgatta; Sergio Casas; Gabriela Estévez; Raúl Hadad; Jimena López; Marcelo Mango; Juan Carlos Molina; Kelly Olmos; Lorena Pokoik; Nancy Sand, Nancy y Julia Strada.

«La diputada en cuestión -agregaron- está envuelta en una trama de ‘narcopolítica’, con lazos directos documentados. Las fuentes indican una relación cercana con Claudio Ciccarelli, presunto testaferro y primo de Federico “Fred” Machado, el empresario que fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de activos».

«Este escenario refleja la misma matriz de degradación institucional que previamente motivó serios cuestionamientos al diputado José Luis Espert. En ese caso, la solicitud de acción se fundamentó en pruebas que demostraron que su campaña había sido financiada por un empresario ligado al narcotráfico. Este hecho lo forzó a retirar su candidatura y a renunciar a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda», subrayaron.

Asimismo, agregaron que «se ha señalado que la diputada Villaverde estaría involucrada en una trama que abarca estafas inmobiliarias y ventas ilegales de terrenos en Las Grutas, provincia de Río Negro, hechos que son objeto de causas judiciales en curso. En las investigaciones se ha expuesto una red de estafas inmobiliarias vinculada al proyecto urbanístico ‘El Tajamar’, en Las Grutas. Se la acusa a la diputada de haber orquestado una maniobra de publicidad engañosa para vender terrenos como ‘aptos para urbanizar’ cuando, en realidad, figuraban en los registros como parcelas rurales, condición que imposibilita cualquier escrituración legal».

«Es imperativo subrayar que el propio Senado de la Nación ha sentado un precedente ineludible al rechazar el diploma de Villaverde por falta de ‘idoneidad moral, ética y constitucional’, impidiéndole asumir una banca en la Cámara Alta. Ante este rechazo, la diputada intentó refugiarse en sus fueros actuales retirando su renuncia a la Cámara de Diputados, una maniobra que busca utilizar esta institución como un escudo frente a la justicia y el escrutinio público», explicaron.

Y agregaron: «A este complejo escenario se suma el desprecio por las garantías democráticas, evidenciado en las amenazas proferidas contra el periodista Nicolás Wiñazki para intentar frenar la difusión de estas informaciones. Un representante del pueblo que utiliza la intimidación contra la prensa y que acarrea un prontuario vinculado al crimen organizado y estafas no puede continuar integrando este cuerpo sin degradar la figura del legislador».

«La importancia institucional de este caso se define por el daño que produce hoy a la honorabilidad de este cuerpo legislativo. Es inadmisible que una diputada con antecedentes de detención por narcotráfico en los Estados Unidos mantenga su banca, pues se crea una ruptura ética y política definitiva con su rol de representante. Ante una situación de tal magnitud, el silencio de este Congreso solo serviría para socavar su propia credibilidad y legitimidad ante el pueblo argentino. No se trata de un juicio penal, sino de un acto de defensa institucional para preservar el honor y la transparencia del Congreso de la Nación», aseveraron.

Y concluyeron: «Por todo lo expuesto, y en ejercicio de las facultades que el Artículo 66 de la Constitución Nacional otorga a esta Cámara para corregir y excluir a sus miembros por indignidad, se solicita la inmediata separación de la diputada Lorena Villaverde».