Narcos. Los hermanos que llegaron de Perú, sembraron el terror a 100 cuadras de la Casa Rosada y se hicieron millonarios
Uno, hace casi un año, el 22 de junio pasado, fue exp...
Uno, hace casi un año, el 22 de junio pasado, fue expulsado de la Argentina hacia su país natal, Perú, en medio de un inédito operativo de seguridad. El otro se entregó sorpresivamente a las autoridades argentinas después de estar más de 12 años prófugo. Durante dos décadas fueron los reyes del negocio narco que tuvo como epicentro la villa 1-11-14, en el Bajo Flores. Ganaron el territorio, a tan solo 100 cuadras de la Casa Rosada, a fuerza de balas y crímenes. Los hermanos Marco, conocido como Marcos y Fernando Estrada Gonzáles, apodado Piti, sembraron el terror y ganaron millones de pesos con la venta de pequeñas dosis de cocaína, paco y marihuana
“Tres fuerzas de seguridad, la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional y la Policía de la Ciudad, llegaron a la misma conclusión: existía en la villa 1-11-14 una organización narcocriminal que era lidera por Marco Estrada Gonzáles, Silvana Salazar y Piti. Hubo cambios de gobiernos, crisis económicas, pero desde 2009 hasta mediados de 2017 en su pedazo de territorio, siete hectáreas de la villa 1-11-14 , nada cambió. En ese lugar siempre fueron Marcos, Salazar y Pity. Esperemos que este juicio logré cambiar algo”, sostuvo en agosto de 2020 el fiscal general Diego Velasco ante los jueces Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni, integrantes del Tribual Oral Federal (TOF) porteño N° 3, durante el alegato en el juicio oral y público donde Marcos fue condenado a la pena de 24 años de cárcel.
El representante del Ministerio Público había considerado a Marcos, que ahora tiene 60 años y había llegado a la Argentina en 1997, jefe de una organización narco que, entre 2009 y 2017, operó en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores, y que llegó a facturar $14.000.000 mensuales.
Estrada Gonzáles, su esposa y otros 23 sospechosos habían sido detenidos el 16 de diciembre de 2016 en operativos realizados por detectives de la División Operaciones Especiales Antidrogas de la Policía Federal Argentina (PFA) por orden del por entonces juez federal Sergio Torres, hoy integrante de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. En la investigación que derivó en las detenciones de diciembre de 2016, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Juan Pedro Zoni y la Procuraduría de Narcocriminal (Procunar), a cargo de Diego Iglesias.
“En un principio fue muy difícil investigar a «Marcos».” Había sabido ganarse la protección y el respeto de la gente honesta de la villa 1-11-14. Se encargaba de pagar los medicamentos de los enfermos o entregaba dinero para que los padres pudieran festejar los cumpleaños de sus hijos. Pero después de varios crímenes y ajustes de cuentas todo pareció cambiar”, afirmó en su momento a LA NACION un detective que estuvo una década investigando el narcotráfico en la 1-11-14.
Sin embargo, a pesar de la condena a Marcos y a algunos de sus subordinados, la organización criminal continuó con sus operaciones ilegales. Con el capo narco preso y su hermano prófugo , otro peruano se hizo cargo de la banda: Johny Ray Arnao Quispe.
Arnao Quispe, conocido como Pantro, fue detenido en septiembre de 2021. Había comenzado su carrera en la “empresa criminal” como custodio. Con el co
rrer de los años asumió mayores responsabilidades. En 2013 ya cumplía el rol de encargado de seguridad de la banda y, a su vez, manejaba dos puntos de venta de estupefacientes.
La banda narco históricamente liderada por los hermanos Estrada Gonzales llegó a “facturar” entre 500.000 y 900.000 pesos cada 24 horas.
Así lo sostuvo el juez federal Ariel Lijo en una resolución de octubre de 2021 cuando procesó con prisión preventiva a 12 supuestos integrantes de la banda, entre ellos Johny Ray Arnao Quispe, alias Pantro, que para la Justicia cumplía un rol clave dentro del clan.
“Nada ha impedido que la banda continúe con idéntica actividad en los mismos lugares y a través de idéntica modalidad operativa. Lo que bien podría explicarse, de alguna manera, en función de la recaudación que los libros ilustran, que sería de entre 500.000 y 900.000 pesos por día”, detalló Lijo en la citada resolución.
En 2015, Marcos sostuvo que hace ocho años no pisaba la villa del Bajo Flores. También afirmó, en una carta al diario Perfil, que él y su familia eran víctimas de una “demonización” y que se dedicaba a la venta de bebidas, no al narcomenudeo.
Pantro había sido detenido el 23 de septiembre de 2021 por detectives de la Policía Federal Argentina (PFA). Su detención y las de otros 22 sospechosos habían sido solicitadas por los Taiano, Iglesias y Cecilia Amil Martín, que conduce la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (Ufeide) del Ministerio Público porteño.
“Las tareas de investigación desarrolladas hasta el momento por la Policía Federal, así como la declaración de un testigo de identidad reservada, posicionan a Arnao Quispe como el actual jefe de la organización narcocriminal, siendo quien coordinaría y supervisaría la distribución de drogas en ambos turnos en los que trabaja la banda a través de los puntos de venta”, sostuvieron en su dictamen los fiscales Amil Martín, Iglesias y Taiano, constituidos en un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), figura prevista en el nuevo Código Procesal Penal federal que permite constituir grupos de trabajo de distintas jurisdicciones para investigar un tipo de materia delictiva, en este caso, narcotráfico.
Piti, de 57 años, se entregó sorpresivamente en la sede de la Procunar el 25 de abril pasado. Un día después fue indagado por el juez Lijo y los fiscales Iglesias y Eduardo Taiano. Se negó a declarar. El 10 de mayo pasado fue procesado con prisión preventiva como “organizador de una cadena destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en el que intervinieran más de tres personas y coautor del delito de tenencia ilegítima de materiales explosivos y acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones, en concurso real entre sí”. El magistrado trabó un embargo sobre los bienes del sospechoso hasta cubrir la suma de $ 18.000.000.
“Se determinó que Fernando Estrada Gonzáles ocupa un rol preponderante en la banda criminal, siendo uno de los líderes”, afirmó el juez Lijo en parte de su resolución de 549 páginas.
En la Argentina, Piti había sido condenado por el homicidio de Antonio Gallardo, ocurrido el 11 de junio de 1988 en inmediaciones del complejo conocido barrio Rivadavia II, frente a la manzana 24 de la villa 1-11-14. Cumplió la pena impuesta por la Justicia y manejaba, según fuentes judiciales, su parte del negocio narco desde Perú.
¿Por qué se entregó? Es el interrogante que aun los investigadores que estaban tras sus pasos no se pueden responder. Como se dijo, cuando fue indagado, no dijo ni una sola palabra sobre su decisión, que sorprendió a todos.
“Una respuesta al interrogante de por qué se entregó Piti está en Perú. Sabemos que la estaba pasando mal en su país natal y que le pedían mucho dinero para no entregarlo y se cansó de pagar para poder seguir prófugo. También debe haber pesado en su decisión las investigaciones abiertas en la Argentina que permitieron ponerle un freno a su negocio millonario del narcomenudeo”, explicó una fuente que estuvo tras los pasos del hermano de Marcos.
Al fundamentar la prisión preventiva de Piti, Lijo explicó que la organización narco tiene poder económico “indicativo de que contaría con medios suficientes como para profugarse y, más aún, mantenerse fácilmente en esa condición de clandestinidad, eludiendo el accionar de la Justicia. El magistrado recordó que Estrada Gonzáles estuvo más de 12 años prófugo, desde el 25 de octubre de 2020.
Sobre el rol de organizador de Piti, el magistrado sostuvo: “Se llega a esta calificación como consecuencia de haberse determinado prima facie que todas las actividades desarrolladas por los distintos imputados mencionados en procesos anteriores, eran controladas y/o supervisadas de algún modo por aquel, siendo en definitiva uno de los encargados de verificar los movimientos de la banda. Esta particular función, su notable posición económica que lo distingue de la mayoría de sus consortes de causa y los antecedentes judiciales mencionados, permiten sostener que el rol de Fernando Estrada Gonzáles en la banda estaba directamente ligado a la organización de todos aquellos aspectos indispensables para el tráfico en sí de la droga y no a los actos típicos y concretos de su obtención, distribución y comercio”.
En otros puntos del auto del procesamiento, el juez Lijo afirmó: “En conclusión, entiendo que las constancias probatorias recolectadas desde un comienzo sirven para aseverar que Fernando Estrada Gonzáles integró como organizador hasta su detención, junto a un nutrido e indeterminado grupo de personas, una organización destinada a concretar actividades de tráfico de narcóticos en el interior e inmediaciones de la villa 1-11-14 de esta ciudad, logrando montar un andamiaje tal que les permitiera mantener la hegemonía territorial de un vasto sector de aquel asentamiento, controlando varios pasillos e inmuebles ubicados allí, empleando constantemente una cantidad de armas de fuego, sus piezas y municiones con la evidente finalidad de impedir la ocurrencia de situaciones conflictivas que pongan de alguna manera en riesgo el normal desarrollo de las referidas maniobras”.
En un dictamen firmado en febrero pasado, el fiscal Taiano y el auxiliar fiscal Álvarez citaron la declaración de un narco arrepentido identificado como “Imputado colaborador 1″ donde sostuvo: “Piti había dado la orden de que se mate a cualquiera que se regale en la calle”.
La venta de droga en la villa 1-11-14 estaba divida por turnos entre Marcos y Piti. En un turno de 28 días, según dijo el fiscal Velasco, se podía llegar a recaudar $14.000.000 equivalentes, en su momento, a 900.000 euros.
La equivalencia con la moneda europea no resulta casual. En la resolución donde procesó a Marcos, Salazar y otros sospechosos, el por entonces juez federal Sergio Torres, hoy integrante de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, había sostenido que la banda narco cambiaba pesos por euros en una agencia de Villa Celina, en La Matanza.
Durante los 20 años de reinado de los hermanos Estrada Gonzáles la villa 1-11-14 fue escenario de ajustes de cuentas donde murieron bajo el fuego de las balas eslabones de bandas narcos y personas ajenas al mundo criminal. El territorio se defendía con el poder de pistolas, revólveres y ametralladoras.
