La secretaria general de la UnTER, Laura Ortiz, trazó un diagnóstico severo sobre la situación de la docencia y el estado de la educación pública en Río Negro. La dirigente aseguró que el acatamiento en la primera jornada de paro fue superior al 90%. Y dijo que el conflicto no es coyuntural sino el resultado de una acumulación de decisiones que deterioraron el salario, la infraestructura y las condiciones pedagógicas.

“Hoy estamos percibiendo el mismo salario del mes de septiembre de 2025… tenemos cientos de compañeros debajo de la línea de pobreza”, afirmó Ortiz, al describir un escenario de atraso salarial frente a la inflación y una composición del ingreso donde más del 50% corresponde a sumas no remunerativas.

En diálogo con LUVER (FM de la Costa) la secretaria general cuestionó la política de bonos por única vez ofrecida por el Gobierno provincial: “El gobernador lo que hace es ofrecernos una compensación que no repercute en nuestros salarios. Es un pago por única vez y no es lo que estamos necesitando”. Según explicó, esta modalidad profundiza la precarización y afecta especialmente a quienes están próximos a jubilarse.

Infraestructura precaria y cierre de cargos

Más allá de lo salarial, Ortiz denunció un deterioro estructural del sistema educativo. Entre los puntos más críticos mencionó el uso de “baños modulares” y “aulas móviles” como solución permanente a la falta de infraestructura: “Son espacios que no son habitables ni tienen la seguridad suficiente para garantizar procesos pedagógicos dignos”.

También cuestionó el cierre de cargos en nivel inicial y la superpoblación áulica, decisiones que -según el gremio- contradicen la posibilidad de brindar una atención personalizada en contextos de vulnerabilidad social creciente.

El docente como sostén social

Uno de los ejes más sensibles de la entrevista fue el rol ampliado que hoy cumplen los docentes. Ortiz describió una escuela que funciona como espacio de contención integral ante la degradación del entorno social: “Toda esa desestabilización que tienen los estudiantes en su casa la tenemos que contener nosotros desde la escuela… termina corriendo nuestra tarea pedagógica”.

La dirigente señaló que, ante la ausencia de políticas públicas suficientes, muchos docentes aportan recursos propios para cubrir necesidades básicas de los estudiantes, desde útiles hasta indumentaria.

Ruptura institucional y falta de diálogo

El conflicto también expone una crisis en los canales formales de negociación. UNTER cuestiona el funcionamiento de la Mesa de la Función Pública y el rol de la Secretaría de Trabajo. “La Secretaría de Trabajo no cumple su función… se inclina hacia el gobierno y no es neutra”, sostuvo Ortiz, quien denunció la negativa oficial a convocar a paritarias mientras existan medidas de fuerza.

En ese marco, la conducción sindical reafirmó su legitimidad en base a mecanismos de democracia interna: “Nosotros no tomamos ningún tipo de definición si no es por asambleas y congreso. La fuerza de los compañeros es lo que nos fortalece”.

Una crisis que trasciende el paro

Ortiz dejó planteada una advertencia de fondo: el conflicto docente no es un episodio aislado, sino el síntoma de un modelo que tensiona el financiamiento estatal con el deterioro de sus trabajadores. Mientras el Gobierno provincial sostiene una estrategia de confrontación y bonos transitorios, el gremio insiste en la necesidad de una recomposición estructural que garantice salario digno, infraestructura adecuada y condiciones pedagógicas sostenibles.

El debate ya no es solo paritario. Es institucional. Y el sistema educativo de Río Negro atraviesa, según sus protagonistas, su hora más crítica.