En estos días se conoció la presentación que realizó en Comodoro Py la ONG ARM Global, para que se haga un minucioso trazado del financiamiento de la campaña de Lorena Villaverde. La denuncia recayó en el Juzgado N°5 y pide imposibilitar a la senadora electa asumir, hasta tanto no quede aclarado desde dónde se realizaron los aportes, a partir de su vínculo con Fred Machado y Claudio Ciccarelli. A esta acción, se sumó una duda sobre la facturación en Río Negro.

En un principio hubo un cuestionamiento a una boleta por 73 millones presentada por un periodista que es empleado de la ANSES. Pero la información fue creciendo y ahora están en estudio varias facturaciones. Así, el partido del presidente suma otro escándalo en la provincia.

A raíz de estos episodios, el responsable financiero de La Libertad Avanza, Roberto Zgaib, emitió un comunicado detallado todo el periplo interno que recorrió desde que detectó que había inconsistencias en el intento de cobro por servicios supuestamente prestados al partido.

En su escrito, titulado “La verdad de los hechos” y publicado en sus redes sociales, Zgaib detalla paso a paso cómo se desarrollaron las irregularidades que, según él, lo llevaron a frenar el pago de una serie de facturas de la campaña. “No solo tengo la función de pagar las facturas de gastos de la campaña electoral -señala-, sino la obligación de verificar la veracidad de dichos gastos, así como también verificar que los fondos utilizados para pagarlos sean de origen lícito”.

El documento menciona específicamente dos facturas vinculadas a un proveedor identificado como Abelardo Calfin, una por $68.500.000 y otra por $73.022.000. Zgaib relata que el entonces responsable de la campaña, Julián Goinhex, le pidió pagar la primera con urgencia, y al día siguiente le envió una segunda “diciéndome que esa es la que corresponde pagar, que la anterior no la pague”. Según su versión, ninguna de las dos aparecía en el sistema ARCA de la alianza, por lo que decidió no liberar los fondos “ante las situaciones advertidas”.

El responsable económico también describe una serie de contradicciones internas. Tras reunirse con Calfin -a quien identifica como afiliado a La Libertad Avanza y funcionario de ANSES-, asegura que el proveedor le dijo que ya había pagado los trabajos de su propio bolsillo y necesitaba recuperar el dinero. Zgaib le pidió entonces una nota firmada por su superior que acreditara que no existía incompatibilidad con su función pública, pero no obtuvo respuesta. En cambio, relata que Calfin “me admite que dice que los trabajos estaban hechos y me entrega una hoja que él mismo había hecho y adjuntado a la factura”.

Más adelante, el funcionario financiero detalla que verificó personalmente los carteles publicitarios mencionados en las facturas -dos, ubicados en Cipolletti- y constató que “los dos carteles eran de papel”, cuando los documentos indicaban que se trataba de “lonas”. A partir de allí, informó la situación a los tres partidos integrantes de la alianza. Según afirma, recibió correos de Creo y Republicanos Unidos recomendando “que la factura no se pague hasta que se aclare la situación”.

Finalmente, Zgaib afirma que la controversia escaló cuando advirtió que en la página de ARCA figuraban “alrededor de 20 facturas que no fueron autorizadas por mí y no sé en qué estado están”. Según su versión, esas operaciones “no fueron pagadas desde la cuenta de la Alianza, que es lo que la ley dice hay que hacer, para garantizar la trazabilidad del uso de los fondos de campaña”.

El texto concluye informando que la factura principal se anuló mediante una nota de crédito el 31 de octubre, hecho que -asegura- “pudo constatar en la página del ARCA”.