“El Gobierno pretende destruir la obra social más grande de Latinoamérica y la única manera de evitarlo, es estando en la calle”, denunció Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE y delegado en PAMI en Río Negro.

Según expresó el gremio, la intención del Gobierno nacional es reducir al PAMI a su mínima expresión, para luego privatizarla y de esta manera se moviliza hoy en la sede central en General Roca y anunció que prepara una batería de medidas para la semana que viene.

El sindicato denunció que un paciente oncológico tiene que esperar 30 días para que se evalúe su medicación y luego 15 días más hasta ser entregada. Advirtió que las prótesis (sillas de ruedas, bastones, andadores, audífonos) demoran más de un año y quienes optan por el reintegro, deben esperar 8 meses.

Agregó ATE que desde los últimos meses, el PAMI brinda prestaciones médicas y sociales mínimas. El desmantelamiento es prácticamente total y pone en riesgo el funcionamiento de la obra social en toda la provincia. 

“Información a la que hemos accedido revela una transferencia multimillonaria de recursos del PAMI al ámbito privado y la misma no se traduce en mayor cantidad y calidad de prestaciones”, denunció Aguiar y reclamó que «se investigue el vínculo que tienen las autoridades de la obra social con las corporaciones médicas”.