Un reciente informe elaborado por la Jefatura de Gabinete de la Nación concluyó que la administración de las centrales hidroeléctricas ubicadas en territorios rionegrinos y neuquinos, seguirá siendo potestad del gobierno nacional, descartando así cualquier posibilidad de transferencia a las provincias, que reclaman una administración conjunta.

Este documento, que se basa en un análisis exhaustivo de la legislación vigente, especialmente la Ley 15.336, reafirma el marco jurídico que otorga al Estado nacional la facultad de gestionar las represas hidroeléctricas. 

La Constitución Nacional, en sus artículos 75 inciso 13 y 31, también sustenta esta posición, al establecer la primacía de las leyes federales y regular el comercio interjurisdiccional.

La decisión del gobierno nacional generó malestar en las provincias, que habían manifestado su interés en participar de la gestión de las represas y en recibir una mayor proporción de los beneficios económicos generados por la producción de energía hidroeléctrica. 

Río Negro y Neuquén habían solicitado al gobierno nacional una mesa de diálogo para discutir el futuro de estas centrales, pero sus pedidos fueron desoídos.

La decisión del gobierno nacional de mantener el control sobre las represas hidroeléctricas abre un nuevo capítulo en el debate sobre la federalización de la energía en Argentina. 

Las provincias afectadas deberán evaluar las implicancias de esta decisión y buscar nuevas estrategias para defender sus intereses y obtener una mayor participación en la gestión de sus recursos naturales.