En el último recibo de sueldos los trabajadores de la educación comenzaron a recibir descuentos bajo el concepto “COSEG IPROSS VEM”. Ante ello, la UnTER exigió explicaciones y denunció las «consecuencias de decisiones y deficiencias administrativas» que no les son imputables a los docentes.

Según la información brindada por el propio IPROSS, el sistema de validación registra prestaciones médicas realizadas desde 2020 hasta agosto de 2026 por las cuales el coseguro correspondiente no habría sido descontado oportunamente. Se plantea ahora que esa diferencia constituye una deuda acumulada por grupo familiar y que será cobrada mediante descuentos en los salarios, con un tope de hasta $40.000 mensuales. Pero ya existen casos en los que el descuento supera ese tope.

Entonces la UnTER preguntó:
-¿Por qué durante años no se informó, liquidó ni regularizó esta situación?
-¿Por qué una falla en la gestión del sistema termina convirtiéndose en una deuda para lxs trabajadorxs?
-¿Cuándo y cómo se informó a lxs afiliadxs que la implementación del token y las modificaciones en las aplicaciones podían generar estos descuentos?
-¿Quién controla que los montos que hoy se descuentan sean correctos?

«Si el sistema registraba las prestaciones, si el coseguro figuraba en la aplicación y si el IPROSS contaba con la información necesaria, ¿por qué se permitió que se acumulara una deuda durante años para luego trasladarla directamente al salario de los trabajadores?», interpeló el gremio docente en un comunicado. «No aceptamos que una falla de gestión administrativa se transforme, de manera automática, en una deuda que deben afrontar los trabajadores», subrayaron.

La UnTER exigió al Gobierno y a la conducción del IPROSS: Información pública y detallada sobre el origen de estos descuentos;
Comunicación previa a los trabajadores; Detalle de las prestaciones y períodos que conforman cada supuesta deuda más allá del portal: https://autogestion.ipross.rionegro.gov.ar/ ; Explicación sobre los mecanismos de validación y cobro utilizados desde 2020;
Revisión de los descuentos ya efectuados; Suspensión de cualquier descuento que no cuente con la debida información y respaldo; Y una instancia de diálogo para resolver esta situación.

Y advirtió que «no vamos a naturalizar que, una vez más, el Gobierno Provincial cometa los errores y los trabajadores paguen las consecuencias».
Defendemos nuestros salarios y exigimos transparencia en el funcionamiento de IPROSS.