La propuesta legislativa busca reducir las caídas entre las personas de 60 años o más, con campañas de concientización, actividad física adaptada, detección de factores de riesgo y recomendaciones para adecuar viviendas y espacios públicos.

La iniciativa es de la legisladora Ofelia Stupenengo (PRO), quien sostiene en los fundamentos que las caídas “constituyen un importante problema de salud”, especialmente para quienes superan los sesenta años.

Según la autora, no se trata de hechos inevitables del envejecimiento, sino de eventos que “pueden evitarse mediante la identificación temprana de los factores de riesgo”. Cita además a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que, afirma, ubica a las caídas como segunda causa mundial de muerte por traumatismos involuntarios.

Stupenengo también advierte sobre el cambio demográfico: indica que la provincia cuenta con unas 137 mil personas mayores sobre unos 700 mil habitantes, “más del 20 % de la población provincial”.

El texto asigna la implementación y coordinación a la Secretaría de Políticas Públicas y Personas Mayores. Entre las funciones del programa figuran campañas en centros de jubilados y residencias, el acceso a actividades físicas orientadas al equilibrio y la marcha, y la coordinación con el Ministerio de Salud para evaluar periódicamente los factores de riesgo.

La propuesta contempla además la difusión de buenas prácticas de accesibilidad en viviendas, edificios públicos y espacios de uso común, como pasamanos, superficies antideslizantes, mejor iluminación y señalización de obstáculos. También prevé que se evalúe cómo asistir en la adecuación de las viviendas de personas mayores en situación de vulnerabilidad.

En materia de datos, el proyecto establece que el área de Estadísticas del Ministerio de Salud recopile y sistematice información sobre lesiones, internaciones y discapacidades asociadas a caídas. Faculta al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias e invita a los municipios a adherir.

Para la autora, garantizar condiciones que reduzcan el riesgo de caídas permite proteger “la autonomía, la independencia y la dignidad de las personas mayores”.