El proyecto del Poder Ejecutivo que busca transformar en optativa la afiliación al IPROSS generó nuevas opiniones durante el debate en comisiones de la Legislatura de Río Negro. Una de las principales exposiciones estuvo a cargo del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajur), que cuestionó que la discusión se concentre en la posibilidad de elegir otra cobertura y sostuvo que el problema de fondo está en cómo funciona y se financia la obra social estatal.

El secretario general de Sitrajur, Marco Calarco, planteó ante los legisladores que el mal funcionamiento del IPROSS no se resuelve modificando el carácter obligatorio de la afiliación. En ese sentido, señaló que el eje debería estar puesto en garantizar una cobertura adecuada y revisar el esquema de financiamiento.

Desde el gremio también reclamaron mayor transparencia en la administración de los recursos. Manuel Ricardes pidió informes detallados sobre el manejo económico del instituto y sobre el estado de las deudas que mantienen los municipios y los distintos poderes del Estado con la obra social.

“Representamos a todos”

Sitrajur remarcó que su posición busca contemplar tanto a quienes consideran cambiar de cobertura como a quienes quieren continuar en el IPROSS.

“Quienes consideran cambiar de cobertura buscan respuestas para su salud y la de sus familias. Quienes desean permanecer en el IPROSS tienen derecho a que la obra social funcione mejor”, sostuvo el sindicato, al remarcar que ambas posiciones forman parte de las preocupaciones de sus afiliados.

El gremio señaló además que realizó una consulta entre trabajadores y trabajadoras antes de fijar su postura. Según explicó, las respuestas obtenidas no muestran un reclamo mayoritario para abandonar el IPROSS, sino una demanda para que la obra social “funcione”.

“Como organización sindical, no desconocemos el malestar que genera el mal funcionamiento del IPROSS, ni hemos olvidado nuestro deber de representar a ambas posiciones, sin distinciones”, expresó Sitrajur.

El proyecto avanzó en comisiones

Mientras se desarrollaba el debate, las comisiones legislativas emitieron dictamen favorable por mayoría al proyecto impulsado por el Ejecutivo, que propone reemplazar la afiliación obligatoria por un sistema voluntario u optativo para trabajadores activos y pasivos del Estado provincial y de los municipios.

El texto incorporó modificaciones a partir de observaciones realizadas por los distintos bloques. Entre ellas, establece que quienes decidan abandonar el IPROSS deberán permanecer durante al menos 12 meses en la nueva entidad y podrán solicitar su regreso al instituto estatal luego de 36 meses, sin períodos de carencia.

También se excluyó expresamente del derecho de opción a cargos electivos, funcionarios políticos, magistrados, magistradas y funcionarios del Poder Judicial.

El tratamiento legislativo continuará ahora con las distintas posiciones sobre la iniciativa. Desde la oposición, Juan Martin (PRO) pidió 48 horas de reserva y cuestionó la celeridad del trámite, mientras que Vamos con Todos y PJ-NE también solicitaron ese plazo para definir su postura.

En paralelo, Sitrajur insistió en que cualquier modificación debe contemplar el problema estructural de la obra social y no limitarse a ofrecer la posibilidad de abandonar el sistema. Para el gremio, la discusión de fondo sigue siendo cómo garantizar que el IPROSS pueda brindar una cobertura adecuada a quienes decidan permanecer.