Productores insisten en blindar las tierras productivas
La Federación anunció que impulsará un marco normativo en Río Negro y Neuquén que impida modificar el uso del suelo productivo.
La Federación de Productores de Río Negro y Neuquén avanza con un reclamo para poner un freno definitivo a la pérdida de tierras agrícolas, ante el constante avance de la urbanización y el deterioro de los sistemas de riego y drenaje. Desde la entidad insisten en con esta iniciativa que ya expresaron al gobernador Alberto Weretilneck, aún sin feedback del Gobierno.
Por eso, la Federación anunció que impulsará un marco normativo en Río Negro y Neuquén que impida modificar el uso del suelo productivo.
En Neuquén, el proyecto ya está siendo tratado. El presidente de la Federación, Sebastián Hernández, comentó que acelera el paso para desembarcar con la propuesta específica en Río Negro y confirmó que el borrador ya está elaborado y se encuentra en etapa de revisión legal, por lo que será presentado formalmente en la Legislatura durante la próxima semana.
El núcleo de la propuesta radica en la identificación precisa y georreferenciación de las hectáreas vinculadas a las redes de riego. Una vez determinada la condición productiva de una zona, la normativa impulsada por los chacareros prohibiría que esas tierras sean destinadas a loteos, barrios residenciales o emprendimientos ajenos a la actividad.
Si prospera la iniciativa, la restricción no afectará la propiedad ni la libertad de venta. Quien decida vender su predio podrá hacerlo, pero quien adquiera el establecimiento estará legalmente obligado a mantener la actividad productiva. El objetivo es brindar seguridad a quienes realizan inversiones y evitar que el crecimiento urbano termine ahogando la continuidad del trabajo rural.
El proyecto de los chacareros se contrapone a una tendencia que lleva años: la reducción de las tierras en producción por cambios en la actividad frutícola y el abandono de la actividad por parte de muchas familias de tradición chacarera. El crecimiento de la población del Alto Valle y la demanda habitacional son otros componentes de la discusión que plantea la Federación.
La iniciativa no se limita a un esquema de prohibiciones, sino que contempla herramientas concretas de promoción para el sector. El proyecto incorpora vías de financiamiento, reducciones impositivas y beneficios fiscales destinados a incentivar la inversión y favorecer la diversificación.
En este marco, Hernández sostuvo que los productores necesitan la certeza de contar con una política provincial de largo plazo que proteja y respalde la actividad frente a las presiones inmobiliarias.
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