Resulta inadmisible que un trabajador pueda llegar a cobrar unos pocos pesos o incluso quedar con un salario de bolsillo igual a cero, como consecuencia de la acumulación de cuotas de préstamos y créditos descontados automáticamente». De esta manera, ATE tomó postura frente a los descuentos sin tope en Río Negro y le reclamó al gobierno de Alberto Weretilneck que establezca un límite, como existe a nivel nacional.

Río Negro es uno de los pocos distritos donde está permitido quitarle a los trabajadores la totalidad de la deuda, a pesar que el salario es «inembargable». Ya hay fallos en ese sentido y diferentes fueros laborales alertan sobre lo abusivo de la ley provincial que resulta confiscatoria.

«El salario tiene carácter alimentario y debe garantizar la subsistencia del trabajador y de su familia. La propia Justicia de Río Negro ha dispuesto, en distintos casos, limitar este tipo de deducciones al 33% de las remuneraciones, luego de los descuentos legales, para preservar una parte sustancial del ingreso» indicó Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.

En ese sentido, el gremio subrayó que la Justicia laboral rionegrina ya intervino en casos extremos. En uno de ellos, una trabajadora sufrió descuentos que representaron casi el 99% de su haber neto y terminó percibiendo apenas $12.000; en otro expediente se acreditó un recibo con saldo neto de $0 luego de los descuentos crediticios.

Desde ATE entienden que «el Estado no puede ser un simple agente de cobro de entidades financieras, mutuales o crediticias y desentenderse de las consecuencias que esos descuentos producen sobre sus propios trabajadores».

Por eso, el sindicato reclamó al Gobierno de Río Negro establecer un tope máximo para los descuentos voluntarios derivados de préstamos, créditos y otras obligaciones, garantizando que ningún estado pueda quedar sin los recursos indispensables para alimentación, vivienda, servicios, transporte, salud y sostenimiento de su familia.

«El Estado tiene una responsabilidad indelegable. No puede permitir que un trabajador cobre cero pesos porque todo su salario fue destinado al pago de préstamos. Las deudas deben pagarse, pero nunca a costa de dejar a una familia sin recursos para vivir. Hay que ponerle un límite a los descuentos y también a los abusos financieros», completó Vicente.