Legisladores del conglomerado libertario elevaron al Gobierno un pedido de informes, para conocer los detalles de la implementación del sistema de reconocimiento facial destinado a controlar la asistencia de los trabajadores del Ministerio de Salud.

La iniciativa, que está dirigida a los ministerios de Salud y Modernización y la empresa estatal ALTEC, busca determinar bajo qué condiciones se recolectarán, almacenarán y utilizarán los datos biométricos del personal sanitario. El proyecto está firmado por María Laura Frei, Juan Martín, Ofelia Stupenengo y Juan Murillo Ongaro del PRO; César Domínguez y Marcela González Abdala de La Libertad Avanza; y Daniel Sanguinetti de Cambia Río Negro.

Uno de los principales interrogantes que plantean los legisladores es si el fichaje mediante reconocimiento facial tendrá carácter obligatorio, o si los trabajadores podrán optar por mecanismos alternativos que no requieran entregar información biométrica. Entre las opciones mencionadas aparecen las tarjetas magnéticas, los códigos PIN, las planillas firmadas y la presentación del Documento Nacional de Identidad.

Los legisladores también preguntaron qué ocurrirá si un agente se niega a registrar su rostro y si esa decisión podría derivar en inasistencias injustificadas, descuentos salariales o la pérdida del adicional por presentismo. Además, solicitaron conocer el protocolo que se aplicará cuando el sistema no funcione por cortes de energía, problemas de conectividad o fallas técnicas, especialmente durante los cambios de guardia.

Datos biométricos y seguridad informática

El pedido reclama una copia de la Evaluación de Impacto en Protección de Datos realizada antes de las pruebas piloto y de la instalación de los dispositivos en el hospital de San Antonio Oeste y otros centros sanitarios.

También requiere información sobre:

-El lugar físico o la infraestructura digital donde se almacenarán los datos faciales.
-La eventual contratación de servidores privados o radicados en el exterior.
-Las medidas de cifrado y seguridad informática.
-Las auditorías previstas para evitar filtraciones o ataques.
-Las personas y organismos autorizados para acceder a la información.
-El plazo durante el cual se conservarán los datos.
-El mecanismo para eliminarlos cuando finalice la relación laboral.

Los autores quieren saber, además, si existen cláusulas que prohíban a las empresas proveedoras ceder, comercializar o utilizar las métricas faciales para entrenar modelos de inteligencia artificial.

Posibles errores y descuentos salariales

La presentación advierte sobre la posibilidad de que el sistema genere falsas inasistencias por fallas en la identificación. Por eso, consulta si las decisiones serán completamente automatizadas o si existirá una revisión humana antes de aplicar descuentos o sanciones.

También pregunta cómo funcionará el reconocimiento cuando los trabajadores utilicen barbijos, cofias, anteojos recetados u otros elementos de protección habituales en los establecimientos sanitarios.

Otro de los puntos apunta a determinar si se realizaron pruebas para detectar posibles diferencias en la precisión del sistema según el tono de piel, género, edad o rasgos físicos de las personas.

Costos y contratación

Los legisladores solicitaron que el Gobierno informe cuánto costará la implementación y presente un desglose de los gastos correspondientes a equipos, licencias y mantenimiento.

Asimismo, pidieron conocer el encuadre legal de la contratación entre el Ministerio de Salud, ALTEC y las empresas privadas participantes, además de los estudios técnicos y económicos utilizados para elegir el reconocimiento facial en lugar de métodos considerados menos invasivos, como tarjetas de proximidad o lectores de huellas.

En los fundamentos, los autores aclararon que respaldan la modernización del Estado y el control del presentismo, pero sostuvieron que esas medidas no deben vulnerar derechos laborales ni las normas de protección de datos personales.

“No nos oponemos al control; exigimos que el control se haga bien”, expresaron en el proyecto. El pedido todavía debe ser tratado por la Legislatura para que la información sea solicitada formalmente a los organismos provinciales involucrados.