El senador Martín Soria presentó en el Congreso de la Nación un proyecto modificar la distribución de los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), para garantizar a las provincias que gestionen rutas e infraestructura de transporte nacional en sus territorios los fondos necesarios para su mantenimiento, reparación y normal funcionamiento.

La iniciativa del legislador peronista se da en el marco de los acuerdos que varias provincias están generando con Nación para hacerse cargo de la administración de las rutas, como Río Negro.

En la argumentación del proyecto, Soria criticó el modelo de Javier Milei y apuntó contra los gobernadores «preocupados por mantener a flote el modelo económico libertario y del Ministro Caputo». Pero indicó que, una vez tomada la decisión, y para «corregir asimetrías y dotar a las provincias de autonomía financiera real para que puedan preservar las rutas, se establece un
nuevo esquema de distribución del ICL, modificando el artículo 19 de la Ley 23.966″.

En ese sentido explicó que el nuevo esquema crea una asignación específica para garantizar que el 5% de lo recaudado por el ICL, se destine de manera exclusiva a aquellas provincias que hayan suscrito o suscriban convenios para la transferencia de la gestión de rutas nacionales.

Críticas

«Lo que se presenta como una solución, la gestión de las rutas nacionales por parte de los gobiernos provinciales puede terminar siendo un acto de irresponsabilidad por parte de los gobernadores que aceptan la transferencia sin que se les garanticen los recursos necesarios para el mantenimiento adecuado de las rutas. La transferencia sin un solo centavo para solventar los gastos configura una nueva estafa que llevará a muchos gobernadores a tomar empréstitos internacionales que tarde o temprano deberán pagar los pueblos de sus provincias», subraya entre sus fundamentos el proyecto de Soria.

«La temeraria decisión de algunas gestiones provinciales que han resuelto ‘quedarse con el problema’ de las rutas -como se han referido públicamente- sin negociar el financiamiento necesario ni exigir el mínimo cumplimiento de la Ley 23.966 – sobre el Impuesto sobre Combustibles Líquidos y Gas Natural- pone en riesgo a los habitantes de las provincias en las que se han delegado las rutas nacionales ya que los pone a las puertas de una peor y más dramática situación que la actual: las rutas destruidas ya no serán responsabilidad del Gobierno Nacional, sino de los gobiernos provinciales que no cuentan con el presupuesto necesario», agrega el texto.

Y asegura: «Ante esta realidad cabe preguntarse si las negociaciones llevadas adelante por provincias que sistemáticamente piden a la Nación adelantos de fondos coparticipables para hacer frente a los sueldos provinciales son marcadamente irresponsables, deficientes o forman parte de una acción que se enmarca dentro de la alianza política y económica que tienen con el Gobierno de Milei».

«No puede pasar inadvertido que hace apenas semanas atrás se ha destapado un verdadero escándalo a nivel país vinculado al manejo totalmente discrecional e ilegal por parte del Gobierno Nacional de los fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial), financiado por el ICL. Así quedó públicamente expuesto por el propio vocero presidencial en su
conferencia de prensa del 11 de agosto pasado».

«El SisVial, creado por Decreto 976/01 para captar una porción del ICL con la afectación específica de financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial, ha sido completamente desvirtuado. La herramienta ideada para garantizar que el dinero de los contribuyentes se convierta en inversiones y obra pública vial está siendo utilizada para falsificar el superávit financiero con el objetivo de mantener en marcha la bicicleta financiera en la que se apoya el modelo económico-especulativo de este Gobierno».

«Según revelan los estados contables, balances e informes oficiales del fideicomiso, el Gobierno Nacional recaudó más de $1,5 billones ($1.503.252 millones) destinados al SisVial, pero ejecutó tan solo una cuarta parte de esos recursos ($394.406 millones). La tasa de subejecución llega al 73,8%. Mientras las rutas nacionales se desmoronan, la autoridad de aplicación mantuvo inmovilizados y colocados en inversiones financieras -como plazos fijos, títulos públicos, LECAPS y BONCAPS-más de $1 billón».

«Con este dinero que el Estado Nacional retiene en colocaciones financieras especulativas se podrían haber intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de la red vial nacional, lo que equivale a casi dos tercios de toda la infraestructura vial del país. La contracara de esta maniobra financiera es trágica: detrás de estos números se pierden vidas en accidentes de tránsito».

«Frente a este escenario de abandono y emergencia, varios gobernadores decidieron asumir la responsabilidad de gestionar trayectos de rutas nacionales en sus jurisdicciones. Sin embargo, esas transferencias se realizaron sin que esos gobernadores exijan al Gobierno Nacional que libere los fondos del ICL retenidos en 2024, 2025 y el corriente año, ni que garantice la rápida transferencia de los recursos necesarios para poder hacer frente a la gestión delegada».

«Entonces, lo que se presenta como una solución, la gestión de las rutas nacionales por parte de los gobiernos provinciales puede terminar siendo un acto de irresponsabilidad por parte de los gobernadores que aceptan la transferencia sin que se les garanticen los recursos necesarios para el mantenimiento adecuado de las rutas. La transferencia sin un solo centavo para solventar los gastos configura una nueva estafa que llevará a muchos gobernadores a tomar empréstitos internacionales que tarde o temprano deberán pagar los pueblos de sus provincias».

«No es aceptable ni sostenible que el Estado Nacional transfiera sus obligaciones cediendo competencias en un convenio, mientras retiene la caja cobrada a los contribuyentes. Y esta situación se agrava si consideremos que los habitantes de las provincias a las que se transfiere la gestión de la ruta, continúan pagando el impuesto que retiene la nación, mientras además deberán pagar impuestos locales para garantizar el mantenimiento de las rutas cedidas y para hacer frente a los créditos que eventualmente pueda tomar la provincia para gestionar los caminos cedidos. Una doble carga impositiva. Un perjuicio para todos los habitantes de estas provincias».

Propuesta

«Entonces, para corregir esta asimetría y dotar a las provincias de autonomía financiera real para que puedan preservar las rutas, se establece en esta iniciativa un nuevo esquema de distribución del ICL, modificando el artículo 19 de la Ley 23.966».

«El nuevo esquema crea una asignación específica para garantizar que el 5% de lo recaudado por el ICL se destine de manera exclusiva a aquellas provincias que hayan suscrito o suscriban convenios para la transferencia de la gestión de rutas nacionales», concluye el texto del proyecto.