En una reunión con el gobernador Alberto Weretilneck, de la que participaron todos los presidentes de las cámaras de fruticultores y la Federación de Productores de Fruta del Alto Valle, surgió un reclamo histórico pero que hoy tiene un contexto político clave: una ley de tierras. El objetivo es construir una norma proteja las chacras productivas del avance de loteos y urbanizaciones.

Sebastián Hernández, presidente de la Federación, explicó que el pedido al Gobernador tiene que ver con la seguridad jurídica sobre el uso del suelo productivo. «Necesitamos un resguardo», señaló, y explicó que el reclamo está directamente atado a las inversiones que los propios productores están asumiendo en este momento para la instalación de mallas antigranizo. «Porque con estas inversiones que vamos a hacer para poner malla, no podemos estar en la incertidumbre de qué va a pasar con la chacra, si la chacra de al lado la lotean o no. Hay que buscar alternativas que nos aseguren que la inversión que tienen que hacer los productores se pueda sostener en el tiempo», planteó.

Para el dirigente, la solución pasa por una norma provincial que involucre también a los municipios. «Necesitamos tener una ley de tierras, que los municipios se actualicen también, para que en conjunto trabajemos en el resguardo de la zona productiva», afirmó.

El dirigente enmarcó el pedido en un problema que excede lo estrictamente económico: «No solamente por lo que significa la producción en mano de obra y en producción de alimentos, sino por el resguardo del medioambiente, que es algo importantísimo. Nuestra región, dentro de los valles, necesita de este microclima y de este medio ambiente que tenemos armado en este valle».