Legisladores de la oposición elevaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo, para que brinde explicaciones sobre la denuncia por el presunto acceso indebido a documentación reservada alojada en los sistemas informáticos de la Provincia, un hecho que derivó en una investigación judicial.

La iniciativa, impulsada por el presidente del bloque de Vamos con Todos, José Luis Berros, lleva la firma de sus pares Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao; de Daniel Belloso, Alejandra Mas, Luis Ivancich y Leandro García, del bloque PJ–NE; de Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich del bloque Cambia Río Negro; y Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti, ex JSRN.

El pedido de informes busca determinar cómo fue posible la presunta vulneración de los sistemas oficiales, cuál fue el alcance del acceso denunciado, qué información pudo haber quedado comprometida y qué medidas adoptó el Gobierno para preservar la evidencia digital y garantizar la seguridad de la información pública.

En ese sentido, los legisladores requieren precisiones sobre la infraestructura de protección informática utilizada por la Provincia, los mecanismos de autenticación y control de accesos, la existencia de registros de trazabilidad, los protocolos de contingencia frente a incidentes de seguridad y el procedimiento aplicado para preservar la evidencia informática.

Además, solicitan información sobre el momento en que se produjo el presunto acceso indebido, el organismo que presentó la denuncia judicial, la clasificación de la documentación comprometida, las herramientas utilizadas para identificar el equipo involucrado, el rol desempeñado por la empresa estatal ALTEC y los protocolos de monitoreo y respuesta implementados por esa firma.

El requerimiento también pone el foco en el funcionamiento del Ecosistema Digital de Integrabilidad de Río Negro (EDI RN), creado por la Ley Nº 5793 como infraestructura crítica destinada a garantizar la seguridad, confidencialidad y trazabilidad del intercambio de datos entre los organismos del Estado provincial. En ese marco, los legisladores buscan conocer si las garantías previstas por ese sistema fueron efectivamente cumplidas y cuáles fueron las fallas que permitieron el acceso denunciado.

Asimismo, el pedido de informes solicita un detalle del funcionamiento actual del sistema provincial de recursos humanos, incluyendo los módulos y funcionalidades en producción, la cantidad de usuarios activos, registrados, inactivos y bloqueados, los organismos que lo utilizan y el cronograma previsto para su ampliación.

Los quince legisladores de la oposición sostienen que la Legislatura debe contar con información completa sobre un hecho que involucra la seguridad de los sistemas informáticos del Estado provincial y el resguardo de datos públicos, con el objetivo de ejercer adecuadamente su función de control y evaluar las medidas adoptadas para evitar que una situación de estas características vuelva a repetirse.