La Legislatura aprobó la cesión de uso del agua del río Limay a las empresas hidroeléctricas. La norma otorga la concesión del recurso hídrico de dominio provincial a las sociedades operadoras de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila, y establece una retribución equivalente -apenas- al 1% del monto facturado por las ventas al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

El proyecto, impulsado por la administración Weretilneck, obtuvo una férrea oposición del peronismo, la federación de pymes y productores de toda la provincia.

Por el proceso de privatización de las represas del Comahue, el Gobierno nacional recaudó 700 millones de dólares. Además, los nuevos concesionarios tienen la obligación contractual de realizar un rebumping integral y obras de modernización estimadas en unos 400 millones para extender la vida útil de los equipos. Así, la concentración de las ganancias que se generan en la Patagonia, se fugan a Nación.

Durante el debate, el legislador Leandro García (PJ-NE) afirmó que el texto que elevó el Gobierno, requiere ajustes puntuales para “garantizar que Rio Negro cobre sobre toda la comercialización”, y no solo en el proceso de ventas al MEM. Y su par de Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé, criticó el porcentaje de retribución fijado en el proyecto (1%) y señaló que la legislación sancionada previamente permitía exigir un canon de hasta el 5% por el uso del recurso. “Parece que siempre vivimos de rodillas” ante Nación, lamentó.

José Luis Berros, solicitó modificar la normativa e incorporar “el 20% para los municipios” con el objetivo de evitar un uso sin parámetros fijos. Sin embargo, el oficialismo logró imponer mayorías junto a sus aliados.

El proyecto obtuvo su sanción definitiva. La votación en general registró 40 adhesiones y 4 rechazos. Posteriormente, el artículo primero obtuvo 30 votos positivos frente a 14 negativos.

Posiciones a favor

Lorena Yensen (JSRN) defendió la propuesta del Poder Ejecutivo y la calificó como “un proyecto de estricta justicia histórica y federal”. Explicó que la norma consolida los derechos adquiridos en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, la cual consagró el dominio originario de las provincias sobre sus recursos.

Detalló que el nuevo esquema permite cobrar las regalías sobre el valor real de la energía, lo que podría cuadruplicar los ingresos provinciales hasta alcanzar los 40 millones de dólares anuales.

Además, destacó la posibilidad inédita de cobrar este canon en especie. Esto habilitará a la empresa provincial EDHIPSA a comercializar energía física directamente en el mercado eléctrico. Finalmente, indicó que los ingresos conformarán un fondo hidráulico destinado a financiar mantenimiento, acueductos y obras de saneamiento en todas las localidades.

El presidente del bloque, Facundo López, remarcó que es la “primera vez en la historia que los rionegrinos vamos a tener un canon por el uso del agua”. Aclaró que la provincia no tiene jurisdicción sobre las concesiones hidroeléctricas, ya que son de carácter nacional, sino que el proyecto legisla exclusivamente sobre la retribución económica por el uso del recurso hídrico local. Ante los cuestionamientos opositores por la redacción del texto, argumentó que los pliegos nacionales ya contemplan el pago sobre “todo concepto remunerado”.

Valoró el resultado de la negociación con Nación y lo contrastó con décadas de inacción de gestiones anteriores. A su vez, rechazó cualquier uso discrecional del dinero recaudado. Aseguró que los fondos permitirán garantizar obras y servicios hídricos de manera equitativa para todos los municipios a través del Departamento Provincial de Aguas.

Lorena Matzen, de la UCR, acompañó la medida con su voto positivo. Afirmó que la regulación permite “poner a la provincia de Río Negro a discutir este tema porque hasta acá éramos solamente espectadores”.

Por su parte, Javier Acevedo (CC-ARI) sumó su acompañamiento en el recinto. Señaló que el nuevo esquema legal “representa un avance concreto en defensa de los recursos que posee la provincia”.

Gabriela Picotti (Cambia Río Negro) aportó su voto favorable en general. Expresó que “este espacio cree en la importancia de los recursos de esta provincia”. A su vez, propuso ampliar el texto del artículo primero para incluir la comercialización de energía no regulada.

Posiciones en contra y objeciones

Magdalena Odarda (Vamos con Todos) rechazó de plano el articulado. Consideró que la iniciativa es “un proyecto de ley a destiempo”, ya que el gobierno nacional reprivatizó las represas meses antes. Sostuvo de forma categórica que “el agua no es un negocio, el agua es un derecho humano”. Alertó que la actual concesión prioriza el lucro privado por sobre usos esenciales como el abastecimiento poblacional, el riego productivo y la protección ambiental en un contexto de emergencia hídrica.

La parlamentaria criticó las condiciones de la negociación con la Nación y reclamó por los derechos de la provincia. Explicó que este modelo priva a los rionegrinos de recuperar la tarifa Comahue, la cual permitiría “abaratar hasta un 30% la factura de luz”. Además, visibilizó el impacto social histórico de estas obras al recordar a la comunidad de Pilquiniyeu del Limay, relocalizada por la construcción de la represa Piedra del Águila. Cuestionó que esos vecinos continúan sin servicio eléctrico regular mientras le dan luz a todo el país y concluyó su postura con la frase: “El agua es de nosotros, las represas son ajenas”.

El presidente de la bancada PJ-NE, Daniel Belloso, expresó su adhesión a los argumentos críticos planteados previamente por García y Delgado Sempé, y respaldó la propuesta de modificación del artículo primero sugerida en el recinto por Picotti.

Durante su intervención en el debate, Belloso dio lectura a las preocupaciones manifestadas por diversas entidades productivas, mencionando específicamente a la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, y los consorcios de regantes de Fernández Oro.

En representación de estos sectores, el legislador advirtió que la redacción original del proyecto limita la base de cálculo del canon exclusivamente a los montos facturados en el mercado eléctrico mayorista. Según indicó, esta restricción podría dejar fuera de la retribución que perciba la provincia a numerosos conceptos comerciales que existen en la actualidad o que puedan incorporarse en el futuro.