El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, presentó un proyecto de ley para crear el Fondo Rionegrino para la Vivienda, una herramienta destinada a financiar la construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas familiares mediante créditos accesibles administrados por el IPPV y sostenidos con recursos provenientes de regalías hidroeléctricas, petroleras y otros fondos provinciales.

El autor de la iniciativa y presidente del bloque, José Luis Berros, sostuvo que «la vivienda dejó de ser una prioridad para los Gobiernos nacional y provincial y se convirtió en una mercancía a la que cada vez menos familias pueden acceder. Mientras se paralizan obras, se eliminan programas y desaparecen herramientas como el crédito accesible, millones de argentinos y argentinas ven alejarse el sueño de la casa propia».

El legislador recordó que, según estudios recientes, más del 70% de los hogares argentinos presenta algún tipo de problema habitacional y afirmó que «el déficit habitacional no es solamente la falta de una vivienda. También es el hacinamiento, la precariedad, la ausencia de servicios básicos y la imposibilidad de acceder a un alquiler o a un crédito. Detrás de cada número hay familias que viven con incertidumbre y sin respuestas del Estado».

Berros explicó que el proyecto propone destinar una parte de la riqueza que generan los recursos naturales de Río Negro a resolver una de las principales demandas sociales de la provincia. «Las regalías petroleras, hidroeléctricas y mineras deben transformarse en oportunidades para nuestra gente. Si esos recursos salen del suelo rionegrino, también tienen que servir para que miles de familias puedan construir, ampliar o mejorar sus viviendas sin quedar atrapadas en créditos impagables», expresó.

Además, cuestionó el rol del sistema financiero en el acceso a la vivienda y señaló que «hoy los bancos le cierran la puerta a la mayoría de los trabajadores. No existen líneas de financiamiento acordes a los ingresos reales y las tasas terminan expulsando a quienes más necesitan una solución. Frente a esa realidad, el Estado provincial tiene la obligación de intervenir y generar alternativas concretas».

La propuesta también establece que los funcionarios públicos no podrán acceder a los beneficios del fondo. «Queremos una herramienta transparente, destinada a quienes realmente la necesitan. La vivienda es un derecho constitucional y no un privilegio para unos pocos. Por eso proponemos una política pública que vuelva a poner al Estado del lado de las familias trabajadoras y no de la especulación financiera», concluyó Berros.