El ex ministro de Coordinación del gobierno de Miguel Saiz, César Barbeito, se presentó ayer en una comisaría de Bariloche y quedó detenido. Fue tras regresar al país, al confirmarse el fallo de la Corte Suprema que dejó firmes las condenas en la causa por sobresueldos en Río Negro. El viernes, en Darwin, se presentó el ex secretario general, Francisco «Ringo» González, quien cumple su arresto en una comisaría de Pomona.

Ahora, el Servicio Penitenciario Provincial, deberá definir si los ex funcionarios continúan en dependencias policiales o si dispone de otro centro de detención. Mientras tanto, las defensas, escriben el escrito de la proscripción para alcanzar la libertad de sus clientes. Se basan en la demora de la Corte en tratar el tema y el tiempo que pasó desde la sentencia a hoy.

Hay un antecedente: Miguel Irigoyen planteó la proscripción de su pena (en la causa Lotería) tras el fallo de la Corte, y ganó.

Ruido judicial

En el Poder Judicial hay ruido. La causa sobresueldos estuvo impulsada por la actual jueza del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini (durante su paso por la fiscalía), y esperaba cerrar el ciclo. El viernes, cuando se conoció la determinación de la Corte, los jueces de garantía prepararon los documentos para notificar a los ex funcionarios y darle tiempo al sistema penitenciario para generar las condiciones de detención. La acción constituyó una «demora» según leyó la jueza y aceleró los tiempos.

Esta aceleración produjo «molestia» interna por la «intromisión» -se quejan los actores- de la magistrada, alertada, aseguran, por su hija Georgina Amaro, jueza de garantías, que comparte espacio con el resto de los magistrados y conocía la «pachorra» con la que estaban actuando sus colegas.

La causa

González y Barbeito fueron condenados por peculado, al igual que los ex ministros Omar Contreras (Turismo), Cristina Uría (Salud), Juan Accatino (Producción), Alfredo Pega (Desarrollo Social) y Diego Larreguy (Gobierno). También fue condenado el extesorero general José Ongaro.

Los dos primeros deben cumplir prisión efectiva porque sus penas fueron de tres años y medio. El resto tuvo penas menores, por lo que son excarcelables.