En un nuevo e importante paso hacia el fortalecimiento del sistema energético argentino, la provincia de Río Negro ha publicado oficialmente un decreto clave que afecta directamente al ya en marcha oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Esta obra, que se anticipa como esencial para las futuras exportaciones de petróleo no convencional desde la costa atlántica de Río Negro, continúa abriéndose camino mientras se organizan sus aspectos legales y administrativos.

Según publica el sitio especializado Energia360, el anuncio se realizó a través del Decreto 446/26, el cual ha sido insertado en el Boletín Oficial de la provincia. Mediante este decreto, el gobierno ha formalizado el modelo de acta acuerdo que debe ser firmado entre el gobierno provincial y la compañía encargada, VMOS S.A. Este acuerdo regula las condiciones de uso de las tierras fiscales que se ven modificadas por el trazado del oleoducto. Dicho trazado conecta las localidades de Allen y Punta Colorada, uniendo también áreas cercanas a Sierra Grande.

La esencia de esta actualización legal es formidable. Se trata no solo de reafirmar el proyecto, que ya había sido anunciado y está en proceso de desarrollo, sino de formalizar las servidumbres necesarias sobre tierras fiscales de la provincia. Esta formalización es vital para establecer cómo podrá VMOS S.A. emplear, de manera regulada y bajo ciertas condiciones, especificas franjas de terreno público para la construcción, operación y tutela de la infraestructura destinada a transportar petróleo crudo.

Las servidumbres son un instrumento fundamental en trabajos de gran escala como este. Permiten disponer de permisos para el tránsito, restricciones varias sobre el uso del terreno, clarificación de responsabilidades entre las partes involucradas, y definición de condiciones de acceso. Además, establecen mecanismos de control y las obligaciones económicas necesarias. Sin estas regulaciones claras, un proyecto de esta magnitud podría enfrentar conflictos territoriales y zonas de incertidumbre legal que entorpecerían su desarrollo.

Es importante señalar que el Decreto 446/26 también contempla el pago anual de un canon por el uso de estas tierras fiscales. Este método no solo proporciona un marco jurídico estable y seguro para el progreso de tal infraestructura, sino que asegura la soberanía provincial sobre su territorio mientras capitaliza económicamente su integración en el proyecto.