Río Negro tiene nueva ley de Salud Digital. Fue sancionada ayer jueves por la Legislatura. La norma regula el uso seguro, eficiente y ético de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la atención sanitaria, la vigilancia epidemiológica y la investigación.

Su ámbito de aplicación abarca a la totalidad de los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, que brinden servicios en el territorio provincial.

El proyecto fue votado en general y en particular. En general fue aprobado por unanimidad, mientras que el artículo 31 (sobre la autorización presupuestaria) resultó aprobado por mayoría, obteniendo 31 votos positivos y 13 votos negativos.

Entre los objetivos transversales de la ley se destacan la protección de los datos personales, la garantía de continuidad en el cuidado de los pacientes y la reducción de las brechas territoriales y tecnológicas para lograr un acceso equitativo a la salud.

En cuanto a la modernización de las prestaciones, la normativa regula tres pilares centrales: los registros clínicos electrónicos, la telesalud y las recetas digitales. El proyecto ratifica que los datos sanitarios son de titularidad exclusiva de las personas, quienes tendrán el derecho de acceder a su información de forma gratuita, inmediata y comprensible.

A su vez, reconoce a la telesalud como una modalidad plenamente equiparable a la atención presencial, la cual se priorizará en áreas rurales para compensar la falta de profesionales. Asimismo, autoriza la prescripción electrónica interoperable de medicamentos y productos médicos, estableciendo requisitos claros para su validación y dispensación.

Para asegurar la correcta implementación de estas medidas, la ley define un esquema de gobernanza encabezado por el Ministerio de Salud provincial, entidad responsable de aprobar los sistemas informáticos, centralizar las bases de datos y auditar la calidad de los servicios.

Este proceso estará acompañado por un Programa Provincial orientado a capacitar al personal en competencias digitales. Finalmente, el alcance de la ley incluye un régimen disciplinario integral que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, estableciendo sanciones que van desde apercibimientos hasta fuertes multas económicas e inhabilitaciones para quienes operen sin autorización o vulneren la confidencialidad y los derechos de los pacientes.