Los bloques del peronismo presentaron un proyecto de declaración para rechazar el proyecto de ley nacional 109/2026 denominado “contra el fraude de pensiones por invalidez”, al que calificaron como “regresivo, estigmatizante y funcional a un nuevo ajuste sobre las personas con discapacidad”.

La iniciativa, impulsada en unidad por el PJ-NE y Vamos con Todos, advierte que bajo el argumento del control del gasto se busca avanzar en una reforma que restringe derechos y pone en riesgo el acceso a ingresos y a la salud de miles de rionegrinos.
“El problema no es el fraude, el problema es el ajuste. Se está construyendo un discurso para justificar la baja masiva de pensiones, poniendo bajo sospecha a personas que en realidad necesitan del Estado para vivir”, expresó el legislador Leandro García.

Según se detalla en los fundamentos del proyecto, en Río Negro se estima que entre 20.000 y 30.000 personas dependen de una pensión no contributiva por discapacidad. Estas prestaciones no solo representan un ingreso básico —equivalente al 70% de una jubilación mínima— sino que además garantizan el acceso al programa Incluir Salud, fundamental para tratamientos, medicamentos y atención médica.

Uno de los puntos más cuestionados es el cambio de criterio que impulsa el proyecto nacional, que vuelve a una lógica de “invalidez laboral” y deja atrás el enfoque de derechos establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Se pasa de un modelo de inclusión a uno que castiga la autonomía. El Estado solo te ayuda si no podés trabajar, en lugar de acompañarte para que puedas hacerlo”, señalaron.

Además, desde los bloques peronistas advirtieron que las auditorías masivas y los mecanismos de suspensión automática previstos podrían generar bajas arbitrarias, afectando especialmente a provincias como Río Negro, donde existen mayores dificultades de acceso a juntas médicas y trámites administrativos.

“El antecedente es claro: notificaciones que no llegan, citaciones en lugares inaccesibles y personas que pierden el beneficio sin poder defenderse. Ahora se pretende profundizar ese esquema”, indicó García.

La iniciativa también pone el foco en el impacto fiscal que tendría esta política para la provincia. “Cada pensión que se da de baja no elimina la necesidad social, la traslada. Eso significa más presión sobre hospitales, programas sociales y municipios. Nación se corre y le deja el problema a Río Negro”, advirtió.

En ese sentido, remarcaron que el proyecto implica una transferencia de responsabilidades sin recursos, afectando el equilibrio fiscal provincial y debilitando el federalismo.

Otro aspecto crítico es la incompatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado. “Esto empuja a la informalidad y va en contra de cualquier política de inclusión laboral. Hoy la desocupación en personas con discapacidad supera el 70%, y en lugar de generar oportunidades, se las castiga”, agregaron.

Finalmente, desde el peronismo rionegrino destacaron la importancia de la presentación conjunta. “Cuando están en juego derechos básicos, la respuesta tiene que ser política y colectiva. Esta unidad es para defender a quienes más lo necesitan”, concluyeron.

El proyecto insta al Gobierno nacional a garantizar el debido proceso, evitar suspensiones arbitrarias y sostener un enfoque de derechos humanos en las políticas de discapacidad.