El diputado Marcelo Mango presentó un proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que establece como meta que el gasto consolidado en educación alcance el 8% del Producto Bruto Interno en el año 2036. La iniciativa retoma el proyecto presentado por el entonces ministro de Educación, Jaime Perczyk, en el año 2023, momento en el que el rionegrino se desempeñaba como Secretario General del Consejo Federal de Educación.

«La educación es una inversión estratégica, no un gasto. Necesitamos una ley que proteja el financiamiento educativo de las decisiones unilaterales del Gobierno Nacional. Sin financiamiento no hay derecho a la educación, y lo que hoy está en discusión es si el Estado va a garantizar ese derecho», sostuvo el diputado.

El proyecto prevé destinar un 6% a la educación inicial, obligatoria y superior no universitaria, y un 2% al sistema universitario, a partir de un esquema de inversión sostenida y coordinada entre el Estado Nacional y las provincias.

La iniciativa se inscribe en un contexto de fuerte desfinanciamiento del sistema educativo. En sus fundamentos, Mango advierte que en los últimos dos años se produjeron cambios estructurales que debilitaron el rol del Estado Nacional en materia educativa. En particular, el legislador cuestionó la sanción de la Ley de Presupuesto 2026, mediante la cual se derogó el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional, que fijaba un piso mínimo de inversión del 6% del PBI. «El Gobierno decidió retirarse del financiamiento educativo, eliminar herramientas clave y desentenderse de una responsabilidad que es indelegable. Este proyecto viene a poner un límite a ese retroceso», afirmó.

La propuesta contempla el fortalecimiento de todos los niveles educativos, desde la educación inicial hasta la universitaria, y establece metas concretas como la universalización de la sala de tres años, la ampliación progresiva de la jornada escolar con un mínimo de 190 días de clase y la enseñanza de una segunda lengua. Asimismo, impulsa una transformación curricular del nivel secundario que incorpore prácticas formativas orientadas a fortalecer la vinculación entre la escuela y el mundo del trabajo, junto con el objetivo de duplicar la matrícula de la educación técnico-profesional. Además, prevé el incremento anual de la inversión en becas de estudio, la garantía de una alimentación escolar saludable, la distribución de libros y materiales pedagógicos al inicio de cada ciclo lectivo y la cobertura total de conectividad y dispositivos tecnológicos en las escuelas públicas. A su vez, establece mecanismos de seguimiento y control de la inversión, así como la obligación de garantizar transparencia en la asignación y ejecución de los recursos.

Mango remarcó la necesidad de asegurar condiciones de igualdad en todo el territorio. «No puede haber un sistema educativo fragmentado según la capacidad económica de cada provincia. El financiamiento es la herramienta clave para garantizar igualdad de oportunidades», señaló.

Finalmente, subrayó que la iniciativa busca reconstruir un consenso básico en torno al rol del Estado. «No es casual que se eliminen fondos, se recorten programas y se desfinancien las universidades. Es una decisión política que pone en riesgo el futuro del país. Este proyecto toma una posición clara: defender la educación es defender nuestro derecho al futuro», concluyó.