El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa La Libertad Avanza, actualmente en tratamiento en el Congreso, introduce cambios de alto impacto en el mercado de alquileres y reabre una discusión estructural: cómo equilibrar el derecho de propiedad con el acceso a la vivienda.

Uno de los puntos más sensibles es la reducción del plazo de intimación por falta de pago. En contratos de vivienda, el propietario deberá otorgar solo tres días corridos para que el inquilino regularice la deuda antes de avanzar hacia el desalojo. El cambio implica una modificación profunda en la dinámica del vínculo locativo, con menos margen de reacción y mayor velocidad hacia el conflicto judicial.

En el marco del plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, la parlamentaria rionegrina Ana Marks (PJ) manifestó su firme rechazo al proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” impulsado por el oficialismo, y puso en valor las exposiciones de representantes rionegrinos que participaron del debate.

Durante el debate, referentes sociales y territoriales de Río Negro expusieron con claridad las consecuencias que podría tener esta iniciativa sobre los sectores más vulnerables, los territorios y los bienes comunes.

Uno de los expositores fue Luciano Celsi, referente de la Mesa de Barrios Populares de Bariloche, quien remarcó el impacto positivo que tuvieron las políticas públicas de integración socio-urbana en los últimos años. “En Argentina, las obras llegaron a 1.300 barrios populares: se crearon 320 mil puestos de trabajo, 25 mil lotes con servicios y 250 mil personas fueron asistidas a través del Programa Mi Pieza” y destacó “en Río Negro, esta política pública permitió concretar 54 grandes obras de infraestructura, 4.600 viviendas con conexión eléctrica, 4.500 conexiones de agua, 1.000 de gas y 5.800 mejoramientos habitacionales, además de espacios educativos y recreativos. Todo esto en apenas cuatro o cinco años. En 2023, se paralizó todo”.

Respecto al posible comienzo de desalojos, Celsi aseveró que, “va a ser un caos. Cuando aparecen propuestas como esta, generan el efecto contrario: más organización, más fuerza, más convicción, incluso enojo. Generan lo opuesto a lo que dicen buscar. Hoy estamos fortaleciendo nuestros vínculos en los barrios populares y estamos dispuestos a dar la pelea.”

También expuso Javier Inalaf, combatiente de incendios forestales del SPLIF Río Negro, quien advirtió sobre los riesgos ambientales y territoriales del proyecto. “Muchos de los funcionarios que hoy ocupan lugares importantísimos en la Patria deberían recorrer el interior del país, ver lo que es un incendio forestal, sentir lo que es un Parque Nacional, y salir un poco de sus estructuras, de sus edificios y de sus countries.

Hay una gran preocupación en la población. Convivimos con los incendios forestales, y en el último tiempo han ocurrido muchísimos”.
Inalaf interpeló a los Senadores de La libertad avanza, “si se aprueba esta ley y mañana se desata una ola de incendios vinculada a la compra de tierras y al negocio inmobiliario, ¿qué políticas tienen para garantizar la seguridad de las personas, la soberanía y la protección del bosque? ¿O van a seguir recortando recursos al sistema nacional de manejo del fuego?

Porque, derogando esta ley, cualquiera puede incendiar un cerro hoy y comprarlo mañana a menor precio. Como rionegrino, me pregunto: ¿nos tenemos que preparar para una ola de incendios si esto avanza?”.

La senadora Marks subrayó que “estas intervenciones reflejan con claridad lo que está en juego: no se trata solo de una discusión jurídica, sino del impacto real sobre millones de argentinos y argentinas, sobre el ambiente y sobre el acceso justo a la tierra y la vivienda”.

Asimismo, advirtió que el proyecto impulsado por el oficialismo “desconoce la realidad de los territorios, debilita políticas públicas que han demostrado resultados concretos y abre la puerta a conflictos sociales, desalojos masivos y mayor desigualdad”.

Finalmente, Marks reafirmó su compromiso de “defender los derechos de las comunidades, proteger el ambiente y garantizar que el Congreso no avance en iniciativas que profundicen la exclusión y la vulnerabilidad social”.