El Gobierno nacional habilitó el traspaso temporal de la rutas nacionales a un total de nueve provincias, entre ellas Río Negro. La definición fue publicada hoy en el Boletín Oficial. Con esta normativa, la administración provincial podrá concesionar obras públicas sobre las rutas 22 y la 151, dos de los caminos más transitados en la región y puntos de reclamo por su mal estado.

El decreto del presidente Javier Milei, traspasa las rutas a Neuquén, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y Santa Cruz.

La nueva normativa establece que a partir de ahora, las provincias podrán licitar adjudicar y suscribir contratos con empresas privadas o mixtas para concretar la reparación, ampliación y mantenimiento de las rutas que están dentro de su jurisdicción.

También autoriza el cobro de peajes como método para financiar las obras, pero establece principios de «razonabilidad tarifaria».

En el decreto se hace hincapié en que las concesiones que otorguen las provincias no podrán exceder los 30 años y aclara que esta medida no significa el traspaso de titularidad de las rutas. ni la jurisdicción federal, solo «delega el ejercicio operativo de forma temporal y revocable».

Por otra parte para que la delegación sea efectiva, el Gobierno indicó que cada provincia deberá firmar u convenio con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en el cual tendrán que presentar:

-Un plan de obras y cronograma técnico.
-Detalle del peaje máximo proyectado y fuentes de financiamiento.
-Compromiso de mantener «indemne» al Estado Nacional ante cualquier reclamo judicial o civil derivado de la gestión.

El documento también fija limitaciones importantes que refieren al uso de fondos, los plazos de licitación y la auditoría.

En el detalle se explica que el dinero recaudado por el peaje de un tramo específico «no puede desviarse a otras obras ajenas a ese tramo, incluso si están conectadas físicamente»; sobre la licitación, una vez aprobado el convenio, «la provincia tiene un año para convocar a licitación. Si no lo hace, la delegación cae automáticamente»; y por última se remarca que la DNV será quien mantenga el rol de supervisión y auditoría técnica sobre los contratos que firmen las provincias.