Región

Pérez: El gobierno podría rescindir el contrato a EdERSA

El presidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Néstor Pérez, indicó que el gobierno podría rescindir el contrato con la empresa EdERSA si se constaran una serie de irregularidades que investiga el organismo a través del interventor que dispuso la Justicia.

Pérez, en diálogo con Digamos Todo en FM El Rayo, explicó los motivos de la acción judicial que impulsó el gobierno: «CAMMESA había advertido que restringiría el 10% de energía a Río Negro, por eso dispusimos avanzar en una intervención». «Ahora el riesgo de que merme el suministro de energía, está frenado».

El titular del EPRE comentó que la intervención («veedor según EdERSA) durará 60 días y ahí la Provincia tendrá un panorama certero de las cuentas y las inversiones, lo que permitirá tomar una decisión sobre el contrato.

Consultado sobre la queja de EdERSA (el gobierno no permite actualizar la tarifa) dijo que «es totalmente falaz. El contrato que firmó la empresa establece que la revisión tarifaria es cada 5 años. Es cierto que en este esquema inflacionario es complejo, pero nunca hubo ningún inconveniente».

«Además -agregó- la empresa puede pedir una revisión extraordinaria, algo que nunca fue requerido al EPRE. La empresa tiene sus herramientas, pero no las utiliza», aseguró. «El EPRE ha llamado a audiencias públicas, pero la empresa no ha utilizado este mecanismo».

Pérez explicó que la factura que llega al usuario esta´compuesta por tres ítems: el costo de la energía (que absorbe el 60% del total) que es lo que se paga a CAMMESA -lleva actualizado más de 60 veces, es el tarifazo-; los salarios; y los costos no operativos (alquileres, vehículos, etc.). «Ése item está atrasado y vamos a actualizarlo», reconoció.

El titular del organismo de control, se quejó porque «siempre nos niegan (desde la empresa) información sobre las inversiones». «Sabemos que el dinero de las tarifas para inversiones no fue utilizado en ese sentido, y queremos saber a dónde fue ese dinero» explicó, dando otro argumento en función de la intervención.

Pérez subrayó que «la Provincia no está en condiciones de hacerse cargo del servicio, porque la ley blindó el contrato por 99 años». Y aseguró que «no es intención del gobierno estatizar la empresa». Pero dijo que «se puede rescindir el contrato si encontramos irregularidades».

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